Régimen jurídico del patrimonio cultural de las confesiones religiosas

Abstract

El art. 46 CE establece, como uno de los principios rectores de la política económica y social, que “los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen y titularidad”. La norma constitucional viene a consagrar formalmente la consolidación de lo que se ha dado en llamar “Estado de cultura” (Kulturstaat), cuyas tendencias de fondo son básicamente dos: de una parte, una creciente intervención del Estado en materia de bienes culturales; de otra, un creciente alargamiento de los objetos de protección. Tendencias ambas, que, en última instancia, se traducen en un notable aumento de las limitaciones del dominio de sus titulares y, en concreto, de la Iglesia Católica que, como es notorio, es titular de una buena parte de los bienes culturales de nuestro país (iglesias y lugares destinados al culto, monasterios, utensilios sagrados, retablos, pinturas, obras musicales, libros litúrgicos, etc.). Teniendo en cuenta que la tutela estatal del patrimonio cultura es propter rem –es decir, que las medidas que se adopten en desarrollo del principio constitucional contenido en el art. 46 CE se aplican con independencia de quien sea su titular-, esta circunstancia puede ser foco de algunos conflictos en los que es menester reparar. No siempre coinciden, en efecto, las directivas que inspiran la regulación estatal del Patrimonio Cultural y aquellas otras que informan la actividad de la comunidad eclesiástica. A diferencia de la mayoría de los bienes culturales civiles, gran parte de los bienes eclesiásticos están funcionalizados; esto es, afectados al cumplimiento específico de las tareas de la Iglesia, bienes que no son para la Iglesia únicamente testimonio de su pasado y objetos que tienen un valor en sí mismos, sino que cumplen una función cultual, litúrgica y devocional.